Page 102 - Cultura Contributiva en America Latina
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ela efectiva João Bosco Coelho Pasin
Klaus Tipke destaca el papel de los tribunales como guardianes de la
moralidad fiscal, principalmente, basándose en la responsabilidad derivada
de los siguientes puntos: 1) La importancia de la calidad y del pensamiento
jurídico en el Derecho Tributario; 2) La identificación existente entre la
democracia y el Estado de Derecho en la Constitución alemana; y, 3) La opción
en el plano aplicativo por el judicial activism –favorable a un mayor control
del ámbito tributario por los jueces en virtud de la carencia de decisiones
legislativas (E. von Hippel, K. Vogel, J. Lang y K. Tipke)– en contraposición al
judicial self-restraint –en defensa de la auto-limitación de los tribunales como
medida para asegurar la división de poderes, en especial, entre jueces y
legisladores (R. Zippelius, K. Stern y C. Simons).49 Además, según Klaus Tipke,
la responsabilidad judicial emanada de los referidos puntos también impone
al legislador, y por supuesto, al agente tributario, “la igualdad tributaria con
arreglo a la capacidad económica, otorgándole, no obstante, el margen de
actuación suficiente para concretar las diversas soluciones admisibles que
se deducen del principio de capacidad económica como concepto jurídico
indeterminado”.50
Los jueces –especialmente, los magistrados de las Cortes Constitucionales–
deben asegurar la moralidad del Estado-Fiscal haciendo hincapié en la
excelencia de la doctrina del Derecho Tributario, en los fundamentos
necesarios para la conformación de un Estado de Justicia y en el objetivo
institucional de realización del bien común. La defensa de la moralidad
tributaria coincide con la propia protección del orden jurídico y, en especial,
de las normas constitucionales, porque el Estado-Fiscal en toda su extensión
también debe ser protegido por la Justicia.51 De forma objetiva, así, el Poder
Judicial debe ejercer el control de los actos institucionales, incluso, sin la
necesidad de restringirse solamente al examen de la legalidad en su sentido
estricto, porque la moral jurídica y el interés público también deben conformar
la esencia de los actos jurídicos de naturaleza administrativa. A los tribunales,
una vez provocados, cabe fijar el real alcance del principio de moralidad en el
ámbito aplicativo a partir del examen objetivo del acto institucional.
De forma pionera, los magistrados del Tribunal de Justicia de São Paulo
decidieron que “o controle jurisdicional se restringe ao exame da legalidade
do ato administrativo; mas por legalidade ou legitimidade se entende não só
a conformação do ato com a lei, como também com a moral administrativa e
com o interesse coletivo”.52 En otras sentencias, los magistrados del Tribunal

49 Tipke, Klaus, Moral Tributaria del Estado y de los Contribuyentes, op. cit., nota 4, pp. 98-101.
50 Cfr. Tipke, Klaus, Moral Tributaria del Estado y de los Contribuyentes, op. cit., nota 4, p. 101.
51 Cfr. Sobre la“Justicia como protectora de la Constitución”en Schmitt Carl, La Defensa de la Constitución, 2a. ed., trad. Manuel
Sánchez Sarto, Prol. Pedro de Veja, Madrid, Tecnos, Col. Ciencias Sociales. Serie de Ciencia Política, 1998, pp. 43-124.
52 Cfr. Sentencia del Tribunal de Justicia de São Paulo, en RDA 89/134.

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