Page 114 - Cultura Contributiva en America Latina
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este sentido, y como expresa el autor citado, Juan Carlos Benalcázar Guerrón

Al Estado, como organización, le debe el individuo ciudadano, en
primer lugar, lo que es necesario para su existencia, para su defensa
y para la constitución y buen funcionamiento de sus órganos: los
impuestos, el servicio militar, cierta participación en las funciones
públicas, en suma, las “ayudas y subsidios” que el Estado, persona
moral, sólo puede obtener de sus miembros, personas físicas; también
debe el individuo al Estado, si es gobernante, el cumplimiento exacto
y fiel de sus funciones; y si es gobernado, la obediencia a las leyes y a
las órdenes legítimas de la autoridad. Estas son otras tantas exigencias,
propiamente societarias, válidas para cualquier sociedad, privada o
pública”.4

La cultura tributaria, en nuestra opinión, debe partir de una toma de
conciencia sobre los deberes morales que se derivan de la convivencia y de
la organización social. Según Sergio Francisco de la Garza, la solidaridad y la
subsidiaridad –valores que se derivan de la justicia– constituyen principios
fundamentales de la vida en sociedad política. La solidaridad, en palabras del
autor citado, puede enunciarse así:

[…] es la cooperación efectiva, regulada por las leyes y garantizada
por la autoridad, de los distintos miembros de la sociedad para la
consecución del bien común, o también, la conveniente colaboración
de las formas subordinadas de la sociedad en la realización del bien
común de la forma superior. La validez de este principio afecta en
primer lugar a las relaciones de los individuos con la comunidad o
sociedad a la que están inmediatamente unidos (la familia), así como a
las relaciones de las formas sociales subordinadas con las sociedades
superiores.5

Por su parte, la subsidiaridad significa que el Estado debe atender a las
necesidades que son incapaces de satisfacer los individuos o los grupos
y dejar a la responsabilidad de éstos lo que pueden cumplir con su propio
esfuerzo.6

Desde el punto de vista político-financiero, las implicaciones y exigencias
del bien común determinan que la autoridad pública tenga necesidad de
realizar gastos para alcanzar los objetivos públicos y servir a las necesidades
colectivas, de modo que debe encontrar fuentes de recursos e ingresos. Los

4 Ibídem, pp. 358 y 359.
5 De la Garza, Sergio Francisco, Derecho Financiero Mexicano, 24ª. ed., México, Porrúa, 2002, p. 10.
6 Ibidem, pp. 10 y 11.

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