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DIANA BERNAL

PROCURADORA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE


En el Coloquio sobre los alcances de la sentencia de la SCJN (1ra sala) con relación al Art. 69 B y 67 del CFF, la Procuradora de la Defensa del Contribuyente, Diana Bernal, consideró que es importante exhibir a las llamadas empresas fantasma y a las factureras que venden comprobantes fiscales y emiten CFDIs por operaciones inexistentes.

Sin embargo, puntualizó: “Como PRODECON sí hemos conocido de muchos casos en los que las autoridades lo están utilizando con contribuyentes que sí están localizables, pero que omitieron presentar alguna o algunas declaraciones fiscales, o bien, también lo están utilizando con empresas que están presentando sus declaraciones, pero tienen modelos de negocios con pocos activos y pocos o ningún trabajador”.

La Titular de PRODECON expuso que el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación representa muchos retos de interpretación, aplicación y alcance que le dé la autoridad fiscal.

Agregó que hay empresarios que llegan a PRODECON preocupados están trabajando, invirtiendo en el país, son empresas reconocidas y la autoridad les dice que no hay materialidad en sus operaciones, porque sus proveedores que les vendieron facturas hace cinco años, en la actualidad están desaparecidos y quieren que la empresa los localice.



La Procuradora de la Defensa del Contribuyente, Diana Bernal, dijo que PRODECON ha detectado que hay una serie de empresas y empresarios a los que se les están rechazando sus deducciones porque en años anteriores recibieron una factura de una empresa que ahora se publica en el 69-B, con lo cual el hombre de negocios se encuentra en una situación muy vulnerable.




RICARDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

ADMINISTRADOR CENTRAL DE AMPARO E INSTANCIAS JUDICIALES DEL SAT


Ricardo Sánchez Sánchez, Administrador Central de Amparos e Instancias Judiciales del Servicio de Administración Tributaria (SAT), comentó que el artículo 69-B, si bien establece una facultad, no es una propiamente de comprobación, sino de revisión de los comprobantes fiscales en su aspecto material.

Precisó que la disposición busca lograr acreditar o determinar si existen operaciones simuladas, si le han dado efectos fiscales a estos comprobantes y eventualmente si existe evasión fiscal o que pudiera también existir defraudación.

“Entendemos que no necesariamente es con la finalidad determinar la situación fiscal del contribuyente, entendida ésta, como la determinación de un crédito fiscal a cargo, determinar omisiones. Esto creo que es importante, porque si la finalidad de la autoridad fiscal fuera determinar omisión de contribuciones y en su caso determinar un crédito fiscal, sería ejercer la facultad prevista en el artículo 42”, agregó.

Por ello, concluyó que la finalidad del 69-B es revisar en su aspecto material los comprobantes fiscales y el artículo 42 establece una facultad de comprobación si el objetivo de la autoridad es determinar la situación fiscal del contribuyente.


En su participación, Ricardo Sánchez Sánchez, Administrador Central de Amparos e Instancias Judiciales del SAT dijo que si la autoridad ejerce su facultad en términos del artículo 69-B no necesariamente se tendría que fundamentar en alguna de las fracciones, II o III, del artículo 42.




MANUEL SAINZ ORANTES

SOCIO EN CHEVEZ, RUÍZ, ZAMARRIPA Y CÍA.


Al participar en el Coloquio, Manuel Sainz Orantes, Socio en Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cia, aseguró que un artículo que pretendía acabar con un abuso en una práctica, en su aplicación el SAT ha abusado.

“No nada más se ha aplicado este procedimiento a los auténticos defraudadores, sino desafortunadamente a infinidad de empresas que simplemente el SAT no tiene la capacidad o no quiere meterse con más profundidad al tema de materialidad…..desafortunadamente pasó lo que siempre ocurre, una norma que se establece para atacar a los malos de la película, se usa al final de la película para atacar a muchísimas empresas que están actuando de buena fe”.

Agregó que la sentencia de la SCJN (1 ra sala) con relación al Art. 69 B y 67 del CFF es sumamente triste desde el punto de vista jurídico, en donde no puede ser que el máximo Tribunal emita una sentencia con deficiencias tan básicas, poca técnica, haciendo un mamotreto para tratar de encajar las reglas de caducidad, las reglas de facultades de fiscalización con un procedimiento que no tiene nada que ver.

Sainz Orantes dijo que conforme al último párrafo del 69-B del CFF se establece que en caso de que la autoridad fiscal en uso de sus facultades de comprobación detecte que una persona no acreditó la efectiva prestación o no corrigió su situación fiscal, determinará los créditos fiscales que le correspondan.


“Yo si quisiera hacer un reconocimiento aquí enfrente de todos mis colegas, en cuanto a cómo la PRODECON se convirtió en un lugar para tener acceso a la justicia fiscal, sentar a una autoridad, quitar la máscara de arbitrariedad absoluta, sentarlos a platicar abiertamente y llegar a soluciones lógicas, justas y de manera pronta y expedita”, expuso Manuel Sainz Orantes, Socio en Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cia.




GASPAR PAULÍN CARMONA

MAGISTRADO DEL DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL PRIMER CIRCUITO.


“Ahora tenemos otro tema para dilucidar, a partir de cuándo finalmente empieza a hacerse el cómputo para hacer valer que ya caducaron”, expuso en el Coloquio sobre los alcances de la sentencia de la SCJN (1ra sala) con relación al artículo 69 B y 67 del CFF. Agregó que de la lectura del último párrafo del artículo 69-B se requiere que se lleve a cabo el ejercicio de las facultades de comprobación.

Paulín Carmona expuso que lo que se tiene que buscar son reflexiones de mayor calado, de más profundidad jurídica y no tener argumentaciones que no tienen asidero jurídico en cuanto al diseño de cómo resolver un asunto.

“Me parece que el diseño legislativo está a la inversa, no le correspondería al contribuyente finalmente desvirtuar esta presunción, debería ser la autoridad que en un estándar probatorio reforzado, de los elementos necesario para decir por qué no está. Ese es el tema fundamental, la carga probatoria, no a la inversa”.


El Magistrado del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado del Primer Circuito, Gaspar Paulín Carmona, dijo que no le correspondería al contribuyente desvirtuar la presunción, situación que debería recaer en la autoridad.




EDSON URIBE GUERRERO

SUBPROCURADOR GENERAL DE PRODECON.


Durante su participación en el Coloquio sobre los alcances de la sentencia de la SCJN (1ra sala) con relación a Art. 69 B y 67 del CF, el Subprocurador General de PRODECON, Edson Uribe Guerrero, comentó que con la publicación de la lista relacionada con el 69 B del Código Fiscal de la Federación (CFF), el contribuyente "ya está exhibido ante proveedores aunque no se haya determinado la resolución definitiva". Añadió, que los contribuyentes que se encuentran en esta lista, les interesa tener la posibilidad de que se valoren las pruebas presentadas y los quiten de inmediato del listado.

Si la autoridad no da la oportunidad de que en facultades de comprobación, los contribuyentes demuestren la materialidad de las operaciones o de los comprobantes por los que aparecen en la lista de operaciones inexistentes, prácticamente se está desnaturalizando la propia facultad de comprobación destacó, Edson Uribe.

El Subprocurador General de Prodecon mencionó que en muchas ocasiones la autoridad para ahorrarse la facultad de comprobación, emite solo una carta invitación al contribuyente.

En opinión de la Procuraduría, la autoridad debe dar oportunidad al contribuyente de exhibir las pruebas correspondientes: No es justo llamarlo sin facultades, no admitirle pruebas y prácticamente solo darle la oportunidad de que pague el crédito fiscal correspondiente.


Edson Uribe, Subprocurador General de PRODECON, comentó que algunos contribuyentes exhibidos en la lista de operaciones no existentes han sufrido cancelación del Certificado de Sello Digital.


Durante la realización del Coloquio sobre los alcances de la sentencia de la SCJN (1ra sala) con relación al Art. 69-B y 67 del CFF, asistieron fiscalistas, abogados y funcionarios.