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La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se encuentra facultada para investigar e identificar problemas de carácter sistémico para advertir o prevenir cualquier acto de la autoridad fiscal que pudiera tener trascendencia en los derechos de los contribuyentes, o de proponer que se eviten perjuicios o se reparen los daños por su emisión y cualquier otra causa que lo justifique, tal y como se desprende de lo dispuesto en los artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4, 5, 8 y demás relativos de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, así como, 72, 73, 75, 76 y demás relativos de los Lineamientos que regulan el ejercicio de las atribuciones sustantivas de este ombudsman fiscal.

 

Esta Procuraduría el 28 de junio de 2012, dictaminó la existencia de un problema sistémico consistente en la falta de comprensión por parte de las autoridades fiscales a la manera poco convencional —pero ordinaria y común en la propia industria— en que se promocionan los productos de prescripción lo cual deriva en la negativa a reconocerles el carácter de gastos estrictamente indispensables para la operación de la empresa y, por ende, en el rechazo de las deducciones correspondientes, dando pauta a la determinación de una base que no refleja el derecho del contribuyente a pagar impuesto sobre la renta en un monto acorde a su capacidad económica.

 

Este problema sistémico afecta a un grupo de contribuyentes, circunstancia que no puede ser desconocida por las autoridades fiscales, así como no la desconoce esta Procuraduría, pues justamente para atender este tipo de cuestiones es que el legislador estimó pertinente crear un organismo en el Estado Mexicano que buscará soluciones para los casos en los que la comunicación entre el Fisco y los particulares se vea obstaculizada.

 

La problemática planteada resulta en una afectación económica-patrimonial al no permitir sustraer las deducciones estructurales de la base del impuesto sobre la renta, a la luz de todas las consideraciones que más adelante se detallan. Es importante considerar que no únicamente puede tratarse de un problema vertical, que afecta a la industria de mérito, sino que de manera transversal puede perjudicar a muchos otros sectores de contribuyentes, si la falta del conocimiento de las particularidades de la industria involucrada se extendiera a otros contribuyentes traducido en el rechazo de deducciones estructurales, estrictamente indispensables, que inciden en la capacidad contributiva real de los contribuyentes.

 

Así, con fecha nueve de septiembre de dos mil once, y derivado de diversas reuniones y documentación aportada por el sector de contribuyentes afectado, esta Procuraduría emitió Acuerdo de Calificación sobre la existencia del probable problema sistémico, en el cual se solicitó a las autoridades que emitieran un informe, contestación que podría versar sobre la existencia de la problemática y, en caso de aceptarla, sobre las medidas correctivas propuestas.

 

Con fecha once de octubre de dos mil once, las autoridades involucradas emitieron su informe desestimando la existencia del problema sistémico.

 

Con fecha veintiocho de octubre de dos mil once, esta Procuraduría emitió un oficio de alcance al Acuerdo de Calificación previamente emitido, en el cual se les requiere a las autoridades involucradas que emitan un nuevo informe que refleje el estudio de la parte sustantiva de los aspectos planteados del probable problema sistémico y den contestación en el término correspondiente.

 

Con fecha quince de noviembre de dos mil once, las autoridades involucradas emitieron un segundo informe con el estudio de la parte sustantiva del problema planteado, manifestando su parecer en el sentido de que son improcedentes las deducciones que realiza la industria involucrada y señalando que no existe un problema sistémico.

 

De este manera, se emitió recomendación sistémica en el sentido de que las autoridades involucradas no deben afectar la seguridad jurídica de los causantes rechazando deducciones estructurales, que a pesar de tener una naturaleza específica o particular, atienden a una lógica empresarial y que resultan ser gastos ordinarios y estrictamente indispensables para los contribuyentes como lo son, de manera específica, los gastos de promoción que efectúa la industria afectada, así como que no apliquen, en contravención a los derechos de los contribuyentes, las normas fiscales, por lo que deben llevar a cabo una interpretación armónica y sistemática que atienda al espíritu de las disposiciones jurídicas y a los principios tributarios de equidad y proporcionalidad tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esta manera se recomendó como MEDIDA PREVENTIVA que las autoridades tributarias en los procedimientos de fiscalización se alleguen de todos los elementos que les permitan lograr un mejor entendimiento sobre las particularidades de los negocios de los contribuyentes

 

Asimismo se recomendó como MEDIDA CORRECTIVA que las autoridades fiscales aceptaran la deducción por gastos de promoción, evitando así afectar a la generalidad de las empresas de la industria afectada y que, en todo caso, bajo consideraciones objetivas ya prestablecidas en los Códigos de Buenas Prácticas de la Promoción en México y las regulaciones éticas y de responsabilidad social en materia de salud aplicables a nivel mundial, determinen la procedencia de la deducibilidad de dichos gastos, estableciendo, en su caso, modalidades o condiciones que eviten prácticas indeseables a través de criterios normativos

 

No obstante es de resaltar que dicha Recomendación no fue aceptada por las autoridades del SAT, misma que buscaba evitar afectaciones en los derechos de los pagadores de impuestos.

 

La publicación y difusión de la presente Recomendación tiene como uno de sus fines el que cualquier persona o agrupación con interés legítimo, manifieste lo que a su derecho convenga, para lo cual se puede asistir personalmente a la siguiente dirección Insurgentes Sur 954, Col. Insurgentes San Borja, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, México, D.F. al teléfono 12 05 9000, o bien, puedes contactarnos por internet, o bien mediante el siguiente correo electrónico: