A- A A+

Esta Procuraduría se encuentra facultada para ejercer sus atribuciones de investigar e identificar problemas de carácter sistémico para advertir o prevenir cualquier acto ilegal de la autoridad fiscal, o de proponer que se eviten perjuicios o se reparen los daños por su ilegal emisión y cualquier otra causa que lo justifique, con el objeto de proponer a la autoridad fiscal federal correspondiente las Recomendaciones que procedan de conformidad con los artículos 1, 4, 5, fracción XI y 8, fracción V de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente; 61, 62, 63, 77 y 78, fracción VII, de los Lineamientos que regulan el ejercicio de las atribuciones sustantivas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente; y 26, fracción V del Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

 

En ese sentido, este Organismo Descentralizado, en el ejercicio de dichas atribuciones, ha llevado a cabo el procedimiento de investigación y análisis de la problemática consistente en que diversos contribuyentes han manifestado que se han visto afectados en su carácter de importadores, debido a que se les ha negado el trato arancelario preferencial en la internación de mercancías al amparo de los Tratados de Libre Comercio, en específico el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en virtud de que la autoridad fiscal lleva a cabo los procedimientos de verificación de origen de mercancías directamente con el productor o exportador en el extranjero, sin notificar tal circunstancia a los importadores.

 

En consecuencia, este organismo descentralizado emitió la RECOMENDACIÓN SISTÉMICA DGAS/RS/002/2012 a las autoridades fiscales relativa al procedimiento de verificación de origen de mercancías, dictada en el expediente XXXXXX. A continuación se presenta un extracto de dicha Recomendación:

 

EXTRACTO DE LA RECOMENDACIÓN SISTÉMICA DGAS/RS/002/2012

“[…]

I. CONSIDERACIONES

“[…]

2. Consideraciones de la Procuraduría

A) Se afecta el derecho fundamental del importador a ser oído y vencido en juicio de manera previa, vulnerando la garantía de audiencia en el procedimiento de verificación de origen.

“[…]

Al respecto, resulta inconcuso que en todo acto de autoridad debe velarse por el otorgamiento de garantía de audiencia al gobernado, lo que en el presente caso se debe entender referido también al importador, tomando en cuenta que, normalmente, no se le había venido dando participación en el procedimiento de verificación de origen, y ello a pesar de que las consecuencias por la determinación de que la mercancía no es originaria de la zona de libre comercio, recaen en la esfera jurídica y patrimonial del propio importador, por ser éste quien finalmente tendrá que cubrir los créditos fiscales que se liquiden tras la negativa del trato arancelario preferencial.

“[…]

Cabe señalar que, como bien lo indica la misma autoridad fiscal en la respuesta al Acuerdo de Calificación que emitió esta Procuraduría, al día de hoy, la normatividad aplicable al procedimiento de verificación de origen no prevé al importador como parte en el desarrollo de dicho procedimiento, ante lo cual este organismo aprecia que deben tomarse las medidas necesarias para permitir su participación —tal y como ya contempla hacerlo la autoridad hacendaria a través de los lineamientos que ha adoptado, y a los cuales se hace referencia a lo largo de la presente Recomendación—.

“[…]

No obstante lo anterior, la propuesta de esa autoridad en el sentido de que “[…] en aquellos supuestos en que como resultado del procedimiento de verificación de origen, los productores o exportadores de las mercancías sean omisos en dar respuesta a los cuestionarios enviados por la autoridad fiscal, esta autoridad concederá a los importadores de la mercancía el beneficio de aportar dentro de dicho procedimiento las pruebas que acrediten que efectivamente tales mercancías son originarias de la región del TLCAN […]”, a juicio de esta Procuraduría, resulta desde luego viable y pone de manifiesto la buena disposición de la autoridad fiscal para solucionar la existencia de la problemática que nos ocupa.

Sin embargo, este organismo descentralizado no deja de expresar su inquietud en torno al carácter vinculatorio o discrecional del mecanismo de solución al que se refiere la autoridad hacendaria. A juicio de esta Procuraduría, en lo que se refiere a la participación que les pudiera corresponder a los contribuyentes importadores en el procedimiento de verificación de origen, el derecho fundamental de éstos a la audiencia previa es tutelado de mejor manera en la medida en la que se disminuya o se elimine el margen discrecional con el que se cuenta para la aplicación de dicha alternativa de solución.

“[…]

IV. RECOMENDACIÓN

“[…]

CUARTO. Se recomienda que la autoridad fiscal regule sus propios procedimientos de verificación de origen a través de algún Lineamiento o de Políticas que resulten obligatorios para las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria involucradas en dichos procedimientos, en relación con mercancías importadas al amparo del TLCAN, con la finalidad de otorgar al importador mexicano la oportunidad de ofrecer pruebas tendentes a acreditar el origen de las mercancías que importaron. A juicio de esta Procuraduría, dichos lineamientos resultarán razonables en la medida en la que, como mínimo, se prevean los siguientes aspectos:

 

  • Se le notifique al importador antes de que la autoridad emita la resolución en el supuesto de que determine que no procede el trato arancelario preferencial conforme al procedimiento de verificación de origen que lleva en contra del proveedor o exportador en el extranjero.
  • Le sean admitidas y valoradas las pruebas conducentes para acreditar el origen de las mercancías importadas, lo cual deberá ser tomado en cuenta por la autoridad fiscal competente previo a la terminación del procedimiento de verificación de origen correspondiente y evitar el procedimiento para determinar un crédito fiscal.
  • En caso de que las autoridades fiscales competentes no observen la notificación al importador, las mismas deberán admitir como agravio dentro del recurso de revocación que en su caso, el importador interponga en contra de una liquidación emitida por la autoridad fiscal, que el acto impugnado es ilegal en virtud de que dicha autoridad omitió notificar al importador para brindarle la oportunidad de ofrecer pruebas para acreditar el origen de las mercancías respecto de las cuales se emitió el crédito fiscal. Por lo tanto, se recomienda dejar sin efectos la liquidación emitida por la autoridad competente por vicios en el procedimiento, recomendándose reponer el procedimiento de fiscalización a efecto de que se conceda al importador de las mercancías la oportunidad de presentar las pruebas necesarias para acreditar que las mercancías son originarias de la región del TLCAN.

 

En caso de contar con lineamientos o políticas semejantes a los apuntados, se recomienda su atención y acatamiento.

 

“[…]

 

Las autoridades fiscales cuentan con un plazo de 10 días hábiles a partir de la notificación de la Recomendación para informar por escrito a esta Procuraduría su aceptación o rechazo para, en su caso, estar en aptitud de implementar las medidas preventivas y correctivas recomendadas o acordar aquellas que den mejor solución al problema sistémico planteado, considerando la apertura y sensibilidad que ha manifestado la autoridad sobre la problemática y así proteger y garantizar el respeto irrestricto a los derechos de los pagadores de impuestos.

 

La publicación y difusión de la Recomendación tiene como finalidades que cualquier persona o agrupación con interés legítimo manifieste lo que a su derecho convenga a través de la siguiente dirección de correo electrónico: , así como que se conozcan las acciones que esta Procuraduría y las autoridades fiscales están llevando a cabo para garantizar de mejor forma sus garantías como pagadores de impuestos.