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La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se encuentra facultada para investigar e identificar problemas de carácter sistémico para advertir o prevenir cualquier acto de la autoridad fiscal que pudiera tener trascendencia en los derechos de los contribuyentes, o de proponer que se eviten perjuicios o se reparen los daños por su emisión y cualquier otra causa que lo justifique, tal y como se desprende de lo dispuesto en los artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4, 5, 8 y demás relativos de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, así como, 72, 73, 75, 76 y demás relativos de los Lineamientos que regulan el ejercicio de las atribuciones sustantivas de este ombudsman fiscal.


En el ejercicio de las referidas facultades para la investigación de probables problemas sistémicos, esta Procuraduría inició la investigación respecto de las afectaciones que enfrenta cierto sector de sociedades contribuyentes que, no obstante que pertenecen a un sector social sin fines de lucro, son considerados por la LIDE como integrantes del sector financiero, imponiéndoseles las mismas obligaciones —como es el caso de la presentación de declaraciones informativas en materia del IDE, así como, la imposición de sanciones en caso de incumplimiento—, ello, sin tomar en consideración que derivado de su especial naturaleza, se encuentran imposibilitadas fácticamente para obtener la clave CASFIM, la cual es necesaria para el correcto y oportuno cumplimiento de la obligación de presentación de declaraciones informativas del IDE, lo que ha generado el que las autoridades fiscales les impongan multas.


De esta forma, el 27 de febrero de 2012, está Procuraduría de la Defensa del Contribuyente emitió Acuerdo de Calificación notificado a las autoridades fiscales el 1o. de marzo de 2012, mediante el cual se señaló que se apreciaban elementos que conforman la existencia de un probable problema sistémico que requería de la búsqueda de soluciones, otorgando a la autoridad fiscal un plazo de 30 días naturales contados a partir del día siguiente de la notificación del referido acuerdo, para que efectuara las manifestaciones que estimara convenientes entorno a la problemática planteada.


En respuesta al referido Acuerdo de Calificación, mediante oficio de fecha 30 de marzo de 2012, las autoridades fiscales federales involucradas, argumentaron en forma medular la inexistencia de un problema sistémico.


Así las cosas, este ombudsman fiscal considera que las autoridades tributarias se encuentran obligadas a facilitar en todo momento el cumplimiento de las obligaciones fiscales a los contribuyentes. Asimismo, esta Procuraduría detectó una problemática real consistente en que las autoridades fiscales no otorgaban una alternativa para el cumplimiento de las obligaciones antes señaladas al estar acreditado que el sector de contribuyentes en cuestión está imposibilitado para tal cumplimiento.


Derivado de la investigación realizada por esta Procuraduría y la celebración de múltiples reuniones y mesas de trabajo en búsqueda de una solución y/o mejora en la problemática planteada, tanto con las autoridades hacendarias como con los contribuyentes afectados, se conoció la implementación por parte del SAT de la “Clave de Institución Financiera” de las entidades recaudadoras del IDE, mediante la cual, es posible la presentación de declaraciones informativas del IDE sin la utilización de la clave CASFIM.


De este manera, se emitió recomendación sistémica en el sentido de se considerar necesario que las autoridades involucradas coordinen y supervisen a las áreas competentes para que vigilen la funcionalidad de la medida implementada, derivado del uso de la nueva “Clave de Institución Financiera” de las entidades recaudadoras del IDE, así como que se incluyan en el programa “Ponte al corriente” las multas que se determinaron ante la imposibilidad de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo de presentar sus declaraciones informativas de IDE, por ser esta última la solución más viable.


Así mismo, esta Procuraduría reconoce, en dicha Recomendación, la disposición de las autoridades del SAT para implementar una solución real a fin de que se evitaran mayores afectaciones en los derechos de los pagadores de impuestos.


La publicación y difusión del presente Acuerdo tiene como uno de sus fines el que cualquier persona o agrupación con interés legítimo, manifieste lo que a su derecho convenga, para lo cual se puede asistir personalmente a la siguiente dirección Insurgentes Sur 954, Col. Insurgentes San Borja, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, México, D.F. al teléfono 12 05 9000, o bien, puedes contactarnos por internet, o bien mediante el siguiente correo electrónico: