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Recomendaciones Sistémicas

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se encuentra facultada para investigar e identificar problemas de carácter sistémico para advertir o prevenir cualquier acto de la autoridad fiscal que pudiera tener trascendencia en los derechos de los contribuyentes, o de proponer que se eviten perjuicios o se reparen los daños por su emisión y cualquier otra causa que lo justifique, tal y como se desprende de lo dispuesto en los artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4, 5, 8 y demás relativos de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, así como, 72, 73, 75, 76 y demás relativos de los Lineamientos que regulan el ejercicio de las atribuciones sustantivas de este ombudsman fiscal.

 

Esta Procuraduría el 28 de junio de 2012, dictaminó la existencia de un problema sistémico consistente en la falta de comprensión por parte de las autoridades fiscales a la manera poco convencional —pero ordinaria y común en la propia industria— en que se promocionan los productos de prescripción lo cual deriva en la negativa a reconocerles el carácter de gastos estrictamente indispensables para la operación de la empresa y, por ende, en el rechazo de las deducciones correspondientes, dando pauta a la determinación de una base que no refleja el derecho del contribuyente a pagar impuesto sobre la renta en un monto acorde a su capacidad económica.

 

Este problema sistémico afecta a un grupo de contribuyentes, circunstancia que no puede ser desconocida por las autoridades fiscales, así como no la desconoce esta Procuraduría, pues justamente para atender este tipo de cuestiones es que el legislador estimó pertinente crear un organismo en el Estado Mexicano que buscará soluciones para los casos en los que la comunicación entre el Fisco y los particulares se vea obstaculizada.

 

La problemática planteada resulta en una afectación económica-patrimonial al no permitir sustraer las deducciones estructurales de la base del impuesto sobre la renta, a la luz de todas las consideraciones que más adelante se detallan. Es importante considerar que no únicamente puede tratarse de un problema vertical, que afecta a la industria de mérito, sino que de manera transversal puede perjudicar a muchos otros sectores de contribuyentes, si la falta del conocimiento de las particularidades de la industria involucrada se extendiera a otros contribuyentes traducido en el rechazo de deducciones estructurales, estrictamente indispensables, que inciden en la capacidad contributiva real de los contribuyentes.

 

Así, con fecha nueve de septiembre de dos mil once, y derivado de diversas reuniones y documentación aportada por el sector de contribuyentes afectado, esta Procuraduría emitió Acuerdo de Calificación sobre la existencia del probable problema sistémico, en el cual se solicitó a las autoridades que emitieran un informe, contestación que podría versar sobre la existencia de la problemática y, en caso de aceptarla, sobre las medidas correctivas propuestas.

 

Con fecha once de octubre de dos mil once, las autoridades involucradas emitieron su informe desestimando la existencia del problema sistémico.

 

Con fecha veintiocho de octubre de dos mil once, esta Procuraduría emitió un oficio de alcance al Acuerdo de Calificación previamente emitido, en el cual se les requiere a las autoridades involucradas que emitan un nuevo informe que refleje el estudio de la parte sustantiva de los aspectos planteados del probable problema sistémico y den contestación en el término correspondiente.

 

Con fecha quince de noviembre de dos mil once, las autoridades involucradas emitieron un segundo informe con el estudio de la parte sustantiva del problema planteado, manifestando su parecer en el sentido de que son improcedentes las deducciones que realiza la industria involucrada y señalando que no existe un problema sistémico.

 

De este manera, se emitió recomendación sistémica en el sentido de que las autoridades involucradas no deben afectar la seguridad jurídica de los causantes rechazando deducciones estructurales, que a pesar de tener una naturaleza específica o particular, atienden a una lógica empresarial y que resultan ser gastos ordinarios y estrictamente indispensables para los contribuyentes como lo son, de manera específica, los gastos de promoción que efectúa la industria afectada, así como que no apliquen, en contravención a los derechos de los contribuyentes, las normas fiscales, por lo que deben llevar a cabo una interpretación armónica y sistemática que atienda al espíritu de las disposiciones jurídicas y a los principios tributarios de equidad y proporcionalidad tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esta manera se recomendó como MEDIDA PREVENTIVA que las autoridades tributarias en los procedimientos de fiscalización se alleguen de todos los elementos que les permitan lograr un mejor entendimiento sobre las particularidades de los negocios de los contribuyentes

 

Asimismo se recomendó como MEDIDA CORRECTIVA que las autoridades fiscales aceptaran la deducción por gastos de promoción, evitando así afectar a la generalidad de las empresas de la industria afectada y que, en todo caso, bajo consideraciones objetivas ya prestablecidas en los Códigos de Buenas Prácticas de la Promoción en México y las regulaciones éticas y de responsabilidad social en materia de salud aplicables a nivel mundial, determinen la procedencia de la deducibilidad de dichos gastos, estableciendo, en su caso, modalidades o condiciones que eviten prácticas indeseables a través de criterios normativos

 

No obstante es de resaltar que dicha Recomendación no fue aceptada por las autoridades del SAT, misma que buscaba evitar afectaciones en los derechos de los pagadores de impuestos.

 

La publicación y difusión de la presente Recomendación tiene como uno de sus fines el que cualquier persona o agrupación con interés legítimo, manifieste lo que a su derecho convenga, para lo cual se puede asistir personalmente a la siguiente dirección Insurgentes Sur 954, Col. Insurgentes San Borja, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, México, D.F. al teléfono 12 05 9000, o bien, puedes contactarnos por internet, o bien mediante el siguiente correo electrónico:

Esta Procuraduría se encuentra facultada para ejercer sus atribuciones de investigar e identificar problemas de carácter sistémico para advertir o prevenir cualquier acto ilegal de la autoridad fiscal, o de proponer que se eviten perjuicios o se reparen los daños por su ilegal emisión y cualquier otra causa que lo justifique, con el objeto de proponer a la autoridad fiscal federal correspondiente las Recomendaciones que procedan de conformidad con los artículos 1, 4, 5, fracción XI y 8, fracción V de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente; 61, 62, 63, 77 y 78, fracción VII, de los Lineamientos que regulan el ejercicio de las atribuciones sustantivas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente; y 26, fracción V del Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

 

En ese sentido, este Organismo Descentralizado, en el ejercicio de dichas atribuciones, ha llevado a cabo el procedimiento de investigación y análisis de la problemática consistente en que diversos contribuyentes han manifestado que se han visto afectados en su carácter de importadores, debido a que se les ha negado el trato arancelario preferencial en la internación de mercancías al amparo de los Tratados de Libre Comercio, en específico el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en virtud de que la autoridad fiscal lleva a cabo los procedimientos de verificación de origen de mercancías directamente con el productor o exportador en el extranjero, sin notificar tal circunstancia a los importadores.

 

En consecuencia, este organismo descentralizado emitió la RECOMENDACIÓN SISTÉMICA DGAS/RS/002/2012 a las autoridades fiscales relativa al procedimiento de verificación de origen de mercancías, dictada en el expediente XXXXXX. A continuación se presenta un extracto de dicha Recomendación:

 

EXTRACTO DE LA RECOMENDACIÓN SISTÉMICA DGAS/RS/002/2012

“[…]

I. CONSIDERACIONES

“[…]

2. Consideraciones de la Procuraduría

A) Se afecta el derecho fundamental del importador a ser oído y vencido en juicio de manera previa, vulnerando la garantía de audiencia en el procedimiento de verificación de origen.

“[…]

Al respecto, resulta inconcuso que en todo acto de autoridad debe velarse por el otorgamiento de garantía de audiencia al gobernado, lo que en el presente caso se debe entender referido también al importador, tomando en cuenta que, normalmente, no se le había venido dando participación en el procedimiento de verificación de origen, y ello a pesar de que las consecuencias por la determinación de que la mercancía no es originaria de la zona de libre comercio, recaen en la esfera jurídica y patrimonial del propio importador, por ser éste quien finalmente tendrá que cubrir los créditos fiscales que se liquiden tras la negativa del trato arancelario preferencial.

“[…]

Cabe señalar que, como bien lo indica la misma autoridad fiscal en la respuesta al Acuerdo de Calificación que emitió esta Procuraduría, al día de hoy, la normatividad aplicable al procedimiento de verificación de origen no prevé al importador como parte en el desarrollo de dicho procedimiento, ante lo cual este organismo aprecia que deben tomarse las medidas necesarias para permitir su participación —tal y como ya contempla hacerlo la autoridad hacendaria a través de los lineamientos que ha adoptado, y a los cuales se hace referencia a lo largo de la presente Recomendación—.

“[…]

No obstante lo anterior, la propuesta de esa autoridad en el sentido de que “[…] en aquellos supuestos en que como resultado del procedimiento de verificación de origen, los productores o exportadores de las mercancías sean omisos en dar respuesta a los cuestionarios enviados por la autoridad fiscal, esta autoridad concederá a los importadores de la mercancía el beneficio de aportar dentro de dicho procedimiento las pruebas que acrediten que efectivamente tales mercancías son originarias de la región del TLCAN […]”, a juicio de esta Procuraduría, resulta desde luego viable y pone de manifiesto la buena disposición de la autoridad fiscal para solucionar la existencia de la problemática que nos ocupa.

Sin embargo, este organismo descentralizado no deja de expresar su inquietud en torno al carácter vinculatorio o discrecional del mecanismo de solución al que se refiere la autoridad hacendaria. A juicio de esta Procuraduría, en lo que se refiere a la participación que les pudiera corresponder a los contribuyentes importadores en el procedimiento de verificación de origen, el derecho fundamental de éstos a la audiencia previa es tutelado de mejor manera en la medida en la que se disminuya o se elimine el margen discrecional con el que se cuenta para la aplicación de dicha alternativa de solución.

“[…]

IV. RECOMENDACIÓN

“[…]

CUARTO. Se recomienda que la autoridad fiscal regule sus propios procedimientos de verificación de origen a través de algún Lineamiento o de Políticas que resulten obligatorios para las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria involucradas en dichos procedimientos, en relación con mercancías importadas al amparo del TLCAN, con la finalidad de otorgar al importador mexicano la oportunidad de ofrecer pruebas tendentes a acreditar el origen de las mercancías que importaron. A juicio de esta Procuraduría, dichos lineamientos resultarán razonables en la medida en la que, como mínimo, se prevean los siguientes aspectos:

 

  • Se le notifique al importador antes de que la autoridad emita la resolución en el supuesto de que determine que no procede el trato arancelario preferencial conforme al procedimiento de verificación de origen que lleva en contra del proveedor o exportador en el extranjero.
  • Le sean admitidas y valoradas las pruebas conducentes para acreditar el origen de las mercancías importadas, lo cual deberá ser tomado en cuenta por la autoridad fiscal competente previo a la terminación del procedimiento de verificación de origen correspondiente y evitar el procedimiento para determinar un crédito fiscal.
  • En caso de que las autoridades fiscales competentes no observen la notificación al importador, las mismas deberán admitir como agravio dentro del recurso de revocación que en su caso, el importador interponga en contra de una liquidación emitida por la autoridad fiscal, que el acto impugnado es ilegal en virtud de que dicha autoridad omitió notificar al importador para brindarle la oportunidad de ofrecer pruebas para acreditar el origen de las mercancías respecto de las cuales se emitió el crédito fiscal. Por lo tanto, se recomienda dejar sin efectos la liquidación emitida por la autoridad competente por vicios en el procedimiento, recomendándose reponer el procedimiento de fiscalización a efecto de que se conceda al importador de las mercancías la oportunidad de presentar las pruebas necesarias para acreditar que las mercancías son originarias de la región del TLCAN.

 

En caso de contar con lineamientos o políticas semejantes a los apuntados, se recomienda su atención y acatamiento.

 

“[…]

 

Las autoridades fiscales cuentan con un plazo de 10 días hábiles a partir de la notificación de la Recomendación para informar por escrito a esta Procuraduría su aceptación o rechazo para, en su caso, estar en aptitud de implementar las medidas preventivas y correctivas recomendadas o acordar aquellas que den mejor solución al problema sistémico planteado, considerando la apertura y sensibilidad que ha manifestado la autoridad sobre la problemática y así proteger y garantizar el respeto irrestricto a los derechos de los pagadores de impuestos.

 

La publicación y difusión de la Recomendación tiene como finalidades que cualquier persona o agrupación con interés legítimo manifieste lo que a su derecho convenga a través de la siguiente dirección de correo electrónico: , así como que se conozcan las acciones que esta Procuraduría y las autoridades fiscales están llevando a cabo para garantizar de mejor forma sus garantías como pagadores de impuestos.

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“Duplicidad de créditos fiscales respecto del importador en su carácter de obligado principal y del Agente aduanal como obligado solidario”
“Actualización de sistemas para efectos de expedición de Opinión de cumplimiento de obligaciones Fiscales del Agente Aduanal”
"Embargo de la negociación en la vía administrativa como forma de garantizar el interés fiscal"
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"Comprobante Fiscal Digital por internet (CFDI)"
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Tema
"Programa de regularización de adeudos Fiscales 2013"
"Procedimiento de suspensión inmediata del Patrón de importadores"
"Régimen fiscal de personas físicas que retiran los fondos de su Afore en una sola exhibición"
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"Inmovilización de cuentas bancarias"
"Subvaluación de mercancías"
"Deducibilidad de gastos y adquisiciones del sector abasto"
"Programa de regularización del impuesto sobre la renta"
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