Page 28 - Cultura contributiva en 12
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una democracia se busca la transmisión de principios, valores,
actitudes, y hábitos que no sólo son irrenunciables, sino que son
exigibles a los ciudadanos que conviven en un mismo territorio.
Estos principios o valores, tales como la justicia, libertad, igualdad,
respeto, tolerancia; conforman el contenido de una moral cívica3
orientada hacia la legalidad, misma que no sólo se exige, sino se impone,
de ser necesario, mediante sanción, a través de instituciones y normas
que garanticen su cumplimiento.
En este contexto, el Derecho, como medio para regular las conductas de
las personas a través de las leyes pactadas, crea un Estado de legalidad
en donde sólo a través de normas jurídicas de carácter general, se
puede obligar a los individuos y se pueden establecer las facultades de
las autoridades, quienes deben ejercerlas y respetarlas.
Es así que la Ley es una pieza fundamental en la construcción
de la esfera social. En ella se dispone la manera en que la
sociedad debe contribuir al erario, así como la manera en que los
funcionarios deben ejercer los recursos públicos para mantener
las instituciones y proveer los bienes públicos necesarios para la
vida en común,4 bajo un amplio sentido de cooperación social.
Como ya lo señalamos, es en la ley en donde se establecen las funciones,
consistentes principalmente en la seguridad, el desarrollo político-social
y económico. Dentro de esta última ubicamos la actividad financiera
del Estado, que se relaciona con el poder estatal sobre los ingresos y
gastos públicos. Una parte de esta actividad financiera se encamina a
la obtención de los medios económicos suficientes para solventar los
gastos, dictando normas jurídicas que establecen impuestos (potestad
tributaria).
3 Cortina, Adela, Ética mínima, España, Tecnos, 2000, pp. 17, 18 y 83.
4 Holmes, Stephen y Cass R. Sunstein, El costo de los Derechos. Porque la libertad depende de los impuestos, Buenos
Aires, Siglo XXI, 2011, p.178.
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actitudes, y hábitos que no sólo son irrenunciables, sino que son
exigibles a los ciudadanos que conviven en un mismo territorio.
Estos principios o valores, tales como la justicia, libertad, igualdad,
respeto, tolerancia; conforman el contenido de una moral cívica3
orientada hacia la legalidad, misma que no sólo se exige, sino se impone,
de ser necesario, mediante sanción, a través de instituciones y normas
que garanticen su cumplimiento.
En este contexto, el Derecho, como medio para regular las conductas de
las personas a través de las leyes pactadas, crea un Estado de legalidad
en donde sólo a través de normas jurídicas de carácter general, se
puede obligar a los individuos y se pueden establecer las facultades de
las autoridades, quienes deben ejercerlas y respetarlas.
Es así que la Ley es una pieza fundamental en la construcción
de la esfera social. En ella se dispone la manera en que la
sociedad debe contribuir al erario, así como la manera en que los
funcionarios deben ejercer los recursos públicos para mantener
las instituciones y proveer los bienes públicos necesarios para la
vida en común,4 bajo un amplio sentido de cooperación social.
Como ya lo señalamos, es en la ley en donde se establecen las funciones,
consistentes principalmente en la seguridad, el desarrollo político-social
y económico. Dentro de esta última ubicamos la actividad financiera
del Estado, que se relaciona con el poder estatal sobre los ingresos y
gastos públicos. Una parte de esta actividad financiera se encamina a
la obtención de los medios económicos suficientes para solventar los
gastos, dictando normas jurídicas que establecen impuestos (potestad
tributaria).
3 Cortina, Adela, Ética mínima, España, Tecnos, 2000, pp. 17, 18 y 83.
4 Holmes, Stephen y Cass R. Sunstein, El costo de los Derechos. Porque la libertad depende de los impuestos, Buenos
Aires, Siglo XXI, 2011, p.178.
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