Page 55 - Cultura contributiva en 12
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III. La transparencia
y la rendición de cuentas
La transparencia de la actividad pública estatal y su vertiente de acceso
a la información son mecanismos mediante los cuales se pueden
combatir la corrupción y llegar a una buena administración. A través de
estos mecanismos se establece un control en donde los miembros de
la sociedad evalúan los actos de sus autoridades. En otras palabras, se
obliga a los gobernantes a rendir cuentas a los gobernados.
De esta manera, el común denominador de todos estos mecanismos de
control –transparencia y publicidad, acceso a la información y rendición
de cuentas– es la comparación de la actuación debida, con la real o
efectiva actuación de la autoridad.
En este contexto, la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción, obliga a los Estados parte a formular y aplicar o mantener
en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción, que
promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios
del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los
bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir
cuentas.
Estas políticas contra la corrupción inician con la publicidad o
transparencia1 en los actos de gobierno, los cuales exigen accesibilidad;
es decir, los gobernados deben poder acceder a la información relativa
1 El principio de transparencia está vinculado originalmente con el control de la Administración Pública. La inserción de la
transparencia en el Derecho deviene de otra antigua institución jurídica que hoy se invoca como una patente de un sistema
democrático del principio de publicidad del Estado, Cfr. Villanueva, Ernesto, “Aproximaciones conceptuales a la idea de
transparencia”, en Merino, Mauricio (Coord.) Transparencia: libros, autores e ideas, México, IFAI-CIDE, 2005, p. 63.
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y la rendición de cuentas
La transparencia de la actividad pública estatal y su vertiente de acceso
a la información son mecanismos mediante los cuales se pueden
combatir la corrupción y llegar a una buena administración. A través de
estos mecanismos se establece un control en donde los miembros de
la sociedad evalúan los actos de sus autoridades. En otras palabras, se
obliga a los gobernantes a rendir cuentas a los gobernados.
De esta manera, el común denominador de todos estos mecanismos de
control –transparencia y publicidad, acceso a la información y rendición
de cuentas– es la comparación de la actuación debida, con la real o
efectiva actuación de la autoridad.
En este contexto, la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción, obliga a los Estados parte a formular y aplicar o mantener
en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción, que
promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios
del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los
bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir
cuentas.
Estas políticas contra la corrupción inician con la publicidad o
transparencia1 en los actos de gobierno, los cuales exigen accesibilidad;
es decir, los gobernados deben poder acceder a la información relativa
1 El principio de transparencia está vinculado originalmente con el control de la Administración Pública. La inserción de la
transparencia en el Derecho deviene de otra antigua institución jurídica que hoy se invoca como una patente de un sistema
democrático del principio de publicidad del Estado, Cfr. Villanueva, Ernesto, “Aproximaciones conceptuales a la idea de
transparencia”, en Merino, Mauricio (Coord.) Transparencia: libros, autores e ideas, México, IFAI-CIDE, 2005, p. 63.
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