Page 56 - Cultura contributiva en 12

desempeño de las autoridades para estar en condiciones de evaluarlo.
Y en este sentido, la información debe ser clara y sencilla para que
cualquier ciudadano la pueda entender.

Por último, los gobernados deben poder exigir explicaciones respecto
de las decisiones tomadas, lo que involucra el derecho a la rendición
de cuentas, que en términos de la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, consiste
en que los ciudadanos puedan exigir cuentas a las autoridades y
servidores públicos, quienes tienen la obligación de justificar y aceptar
las responsabilidades por las decisiones que toman.

Lo anterior está ligado con la idea de soberanía, pues en la medida
en que ésta pertenece originariamente al pueblo, todo poder público
dimana del pueblo y se constituye para su beneficio. Siendo así, la
consecuencia lógica es que los gobernados tengan el derecho de
controlar y vigilar a quienes gobiernan para asegurarse de que realicen
sus actos en función del bien común.

Así, el proceso inicia con el encargo de los gobernados a las autoridades y
concluye con el control y la exigencia de la rendición de cuentas acerca
de la labor realizada. En este contexto, se obliga a la Administración
pública a motivar sus actuaciones y a explicar las razones de sus
decisiones, lo que resulta en una Administración menos corrupta.

Para lograr lo anterior, es necesario que las autoridades creen los
mecanismos de rendición de cuentas idóneos, ya sea de forma
individual o conjunta. En este sentido, la Procuraduría de la Defensa
del Contribuyente pretende ser un coadyuvante en el proceso de
transparencia y rendición de cuentas, al hacer accesible el conocimiento
y entendimiento de la actividad financiera y tributaria del Estado, para
efectivizar el ejercicio de los derechos de los contribuyentes y de los
ciudadanos, como lo es el acceso a la información.

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