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Pero creo que no se trata de adoptar el arbitraje sólo por adoptarlo. Porque si se adopta, tendrá el
efecto secundario de obligar al legislador a hacer reformas a los medios tradicionales. La primera
tendría que ser crear un tribunal económico administrativo o un tribunal fiscal, o bien, imprimir
grado mayor de especialización al Poder Judicial.

Es decir, el arbitraje no solamente sería un medio alternativo, un medio más, pero tampoco
sustituiría a los medios tradicionales, así que compelería una reforma pues con arbitraje o sin él,
10 a 12 años para decidir un caso judicial es mucho.

Entonces, no hay problemas dogmáticos, no hay problemas de lógica jurídica, todo es una cuestión
de política pública.

3. ¿Qué puntos debieran ser base para iniciar una discusión sobre el arbitraje y cuál sería el
mejor momento para hacerlo?

Diogo Leite Campos: En Portugal, como en muchos otros países, el problema no son los jueces
sino la Administración Tributaria. Si la Administración Tributaria pierde 60 o 70% de los casos en
los tribunales, basta con que litigue menos casos.

El problema es de reforma a la Administración Fiscal, pero el gobierno portugués no tiene
autoridad para hacer reformas. Como no es posible reformar a la Administración Fiscal ha sido
necesario dejarla hacer lo que quiera.

Pero el gobierno puede reformar la Administración Fiscal creando tribunales arbitrales y dándo a
las personas la alternativa de seguir en los tribunales normales, o si quieren más rapidez, acudir a
los tribunales arbitrales y con ello resolver el problema de acceso al derecho.

Todos son perjudicados por las demoras en el acceso al derecho, pero especialmente las grandes
empresas y, en general, las empresas que tienen necesidad de tomar decisiones muy rápidas. La
empresa sabe que si la decisión tarda 10 años, no podrá sobrevivir con la garantía, lo que es una
limitación financiera que pueda destruirla.

En Portugal, me dicen tanto los empresarios como las personas físicas, que el problema no son
los 10 años que se tarda la decisión, sino todas las consecuencias financieras que sobrevienen a la
empresa o al particular.

Como el Estado no puede poner a los Tribunales a trabajar más –ya trabajan mucho– y tampoco
puede reformar a la Administración Fiscal, la solución es el arbitraje, especialmente si se tiene prisa.

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